Tras varios intentos finalmente el Gobierno no ha conseguido los apoyos para aprobar la subida del impuesto al diésel que proponía en su reforma fiscal. El grupo parlamentario Podemos ha votado en contra en el último consejo de ministros del 2024 con la exigencia de mantener el impuesto a las grandes energéticas para dar su apoyo al impuestazo al diésel. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera poder conseguir la aprobación de esta medida en un real decreto ley por el mes de abril de 2025.
Es una buena noticia para los conductores del 52% de los vehículos propulsados por un motor de gasóleo que circulan por España. Se mantiene, por tanto, la bonificación al gasóleo, aunque no parece que por mucho tiempo. «Es necesario subir la fiscalidad al diésel para luchar contra el cambio climático», así defendía la medida la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Según el ejecutivo, ayudaría a acceder a una importante partida de los fondos comunitarios Next Generation para fomentar la transición ecológica y estimular el crecimiento económico.
Los detalles de la propuesta del impuestazo al diésel
La propuesta del Gobierno incluye:
Elevar el impuesto de hidrocarburos que paga el diésel en 9,37 céntimos el litro, hasta situarlo en 0,47269 euros el litro (0,40069 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial). Se equipararía así al impuesto que paga la gasolina.
Esta medida no se aplicaría al gasóleo profesional (gasóleo B), el que usan los transportistas por carretera, de pasajeros o taxistas.
En determinadas circunstancias el tipo general del impuesto podría bajar a 0,35 euros por litro. En concreto, cuando el precio del gasóleo superara los dos euros el litro durante dos meses consecutivos y el precio medio del barril de Brent fuera más alto en el segundo de esos meses que en el primero.
Hacienda calcula que la subida del diésel generaría una recaudación adicional de entre 1.200 y 1.400 millones al año.
La medida hubiera perjudicado a un elevado número de conductores ya que, aunque la cuota de coches nuevos diésel que actualmente se venden en España se ha reducido a mínimos históricos (cuota del 9,48% a cierre de 2024), la realidad es que la mayoría del parque lleva motores alimentados con gasóleo. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indicaba que un aumento del impuesto de hidrocarburos aumentaría el impuesto al diésel del 30,70 céntimos por litro a 40,07 céntimos, sin tener en cuenta el IVA. Estos casi 10 céntimos más elevaría el gasto a unos 102 euros al año por un recorrido medio de 15.000 kilómetros. Visto de otro modo, supondría pagar 6 euros más para llenar un depósito de 50 litros.

Impuestos al diésel, una medida que ya tiene historia
La eliminación de la bonificación al diésel es un tema que ya viene de varios años atrás. En 2020 se paró la propuesta del ejecutivo como condición para aprobar los presupuestos y así evitar más presión fiscal a la clase media, una medida que suponía un incremento de 3,8 céntimos en el precio del libro de gasóleo. La misma subida se iba a poner en marcha en el año 2022 bajo el gobierno socialista pero también se produjo un cambio de planes. Se truncó la ambiciosa reforma fiscal que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargó a un comité de expertos y que tendría un fuerte impacto sobre los precios de los carburantes.
La reforma se recogía en el informe titulado ‘Libro Blanco del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario’ con dos medidas claves que permitirían recaudar hasta 6.850 millones de euros. Por un lado igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina de automoción, lo que supone que se eliminará la bonificación que actualmente tiene el diésel o gasóleo. Y por otro lado, recoge una revisión de la fiscalidad de hidrocarburos que supondrá un aumento importante del tipo impositivo que se aplicará especialmente al gas natural y a los carburantes de automoción.